Basura sideral y judicial

Esta mañana nos hemos despertado con la noticia de que los Estados Unidos de América habían hecho el favor a la humanidad de destruir los restos de un satélite espía de su propiedad con un misil lanzado desde un barco en el pacífico para evitar que sus 500 litros de combustible tóxico alcanzasen la tierra.

Imagino que el proceso habrá sido el siguiente: el pentágono, además de avisar a aviación civil y tráfico marítimo previniéndoles de la maniobra, habrá mandado una nota informativa a las agencias de noticias y principales canales de televisión. Éstas puede que se hayan esforzado en añadir algo de cosecha propia haciendo alguna llamada, consultando el archivo o incluso confiando en el propio conocimiento de sus periodistas, y minutos después todas las televisiones, radios y medios escritos y electrónicos de medio mundo se habrán aprestado a rebotar la información para que nos llegue calentita al desayuno, a la comida o a la cena, según la zona horaria.

Es decir, que el que un barco de la marina de Estados Unidos se dedique a hacer diana con un trozo de chatarra es más importante que que haya satélites espía que nos puedan ver la cera de los oídos, que un misil pueda llegar al infinito con la precisión de un cirujano y que fuera de la atmósfera terrestre haya más “mierda sideral” que en el palo del gallinero de la señora que anuncia en TV la fabada Litoral. Pero claro, lo principal y noticiable es que uno de sus barcos ha evitado que 500 litros de queroseno caigan sobre nuestras cabezas.

Por si esto fuera poco, después de desayunar he comprobado con resignación que los medios de comunicación ya han comenzado a eclipsar cualquier vestigio de una de las noticias más importantes y amargas que han sucedido en España la última semana: el amparo del Tribunal Constitucional a “los Albertos”.

Resulta que el Tribunal Supremo, máximo órgano judicial de nuestro país –el Tribunal Constitucional (TC) es un órgano aparte del estado-, el mismo que ha visto sobre causas recientes tan importantes como la ilegalización de Acción Nacionalista Vasca (ANV) y el Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) y que crea con sus sentencias la jurisprudencia que se alega en cientos de juicios que se celebran a diario en España, había condenado a Alberto Cortina Alcocer y Alberto Alcocer Torra a tres años y cuatro meses de prisión en 2003 por sendos delitos de estafa y falsedad en documento mercantil, corrigiendo el error absolutorio por prescripción de delito, que no por autoría, de la Audiencia Provincial de Madrid.

Los hechos juzgados eran la estafa millonaria que estos poderosos primos habían urdido contra los copropietarios del solar de la plaza de Castilla donde se levantaron las Torres de Kio, al recibir de los compradores casi el doble de dinero el m2 que el resto de sus socios en la empresa Urbanor, titular de los terrenos.

Ahora el Tribunal Constitucional, que admitió hace cinco años su recurso de amparo y estaba a punto de prescribir, les ha liberado de cumplir condena porque “no tuvieron derecho a una tutela judicial efectiva”. Es decir, que dos tipos que tenían y tienen una de las fortunas más grandes de España no fueron bien tratados por la justicia, y por tanto, pelillos a la mar.

El Tribunal Constitucional se ha cubierto de la misma mierda sideral que flota en el espacio y nos ha dejado a muchos ciudadanos con la perplejidad a la que nos vamos acostumbrando a nuestro pesar. ¿Qué pensarán de esto todos los ladrones de medio pelo que están en la cárcel por robar un televisor o la cartera de un incauto? A lo mejor están tan contentos porque no les ha llovido queroseno.